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A 3 AÑOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENIR SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES, DEBE SER REVISADA PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS

·El gran ausente en la Estrategia Nacional para la Prevención y el. Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. es la atención del sistema alimentario, como base de la salud alimentaria.

·Se requiere de una política integral, basada en una perspectiva de derechos humanos, intersectorial y con un uso transparente de los recursos.

·El gran problema con las regulaciones planteadas en la Estrategia Nacional es que parte de las regulaciones se realizaron  a conveniencia de la industria de alimentos y bebidas, no bajo el interés público 

Ciudad de México, 31 de octubre 2016.- El 31 de octubre 2013 el Ejecutivo Federal presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. La Estrategia significó un paso importante ya que retomó medidas recomendadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sin embargo, al momento de ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación algunas sufrieron modificaciones que las convirtieron en regulaciones simuladas.

El gran ausente en la Estrategia Nacional es la atención al sistema alimentario, entendido como la forma en que se producen, almacenan, distribuyen, comercializan y consumen los alimentos. En palabras de Oliver de Schutter, ex-relator del Derecho a la alimentación de las Naciones Unidas,

“el gobierno mexicano ubica el problema del sobrepeso y la obesidad en el comportamiento del consumidor, cuan­do en realidad tiene sus orígenes en el sistema alimentario del país”. Para ello, se requiere una verdadera Reforma para la Transformación del Campo a cargo de la Secretaría de Ganadería, Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación sin embargo nunca se han vinculado objetivos dirigidos a mejorar el estado de salud y nutrición de la población mexicana.

 El primer defecto que tienen algunas de las regulaciones clave contenidas en la estrategia es que fueron planteadas directamente por la industria que pretende ser regulada, y no por un grupo de expertos objetivo y libre de conflicto de interés.  

El etiquetado frontal de alimentos y bebidas que busca ser útil al consumidor no le proporciona la información que necesita en el formato que le funciona, y también lo engaña al utilizar un valor de referencia de azúcar muy permisivo que conviene a los fabricantes de productos altos en azúcar, como son las bebidas azucaradas, que representan el 70% de los azúcares añadidos que consume la población mexicana.

La regulación de publicidad de alimentos y bebidas también tiene un gran defecto: descubre los horarios y programas a los que más expuestos están los niños en la televisión, pero además deja medios y herramientas que fácilmente llegan a la infancia, como el internet, los empaques, la publicidad en la calle, en puntos de venta. Por lo tanto, sigue habiendo una exposición que termina en demanda y consumo de productos ultra procesados altos en azúcar, que aportan cerca del 25% de las calorías de la dieta de los niños, cuando la recomendación es no rebasar el 10% de estos productos para no desplazar el consumo de alimentos que sí los nutren.

El segundo defecto de la Estrategia es precisamente que no se han logrado hacer efectivos los mecanismos de seguimiento y con ello la adecuada implementación de las regulaciones, destacando de manera especial aquella que regula la oferta de alimentos y bebidas dentro de las escuelas. Los lineamientos respectivos están bien planteados en el papel pero no se ha logrado modificar verdaderamente la oferta alimentaria. De acuerdo al propio OMENT, únicamente el 3.9% de las escuelas en todo país tiene constituido el Comité de Establecimientos de Consumo Escolar, quien es la figura responsable de dar seguimiento a la aplicación de los lineamientos generales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo 2014.

El tercer defecto de la Estrategia, tal y como ocurrió con el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria planteada en el sexenio anterior, es que no se asignan recursos para la ejecución de la Estrategia y por ende algunos de los objetivos planteados no se llevan a cabo.

Por otro lado, las medidas fiscales, que forman parte de la Estrategia han permitido recaudar los recursos suficientes para reinvertir en acciones para la salud tal y como se estableció en la Ley de Ingresos 2016 y 2017:  El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 aprobado deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada para la Federación (…) para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo (…). Sin embargo, hoy en día no hay claridad respecto al destino de dichos recursos, y la Auditoria Superior de la Federación no ha dado respuesta al Punto de Acuerdo generado por diversos Senadores solicitado en julio del 2016.

Otra muestra de la intervención de la industria de bebidas y alimentos es su presencia y toma de decisiones dentro del Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT), organismo que da seguimiento precisamente a la Estrategia Nacional. El OMENT sufre de un profundo conflicto de interés al registrarse la participación de la propia industria que de manera permanente se ha opuesto a las regulaciones.

La Estrategia presenta muchas deficiencias al compararse con los objetivos determinados en el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia firmada por los ministerios de salud de los países de Latinoamérica y del Caribe: un etiquetado frontal no útil y riesgoso, una regulación de la publicidad extremadamente limitada, una regulación de alimentos y bebidas no implementada en la mayoría de las escuelas, entre otras medidas deficientes.

La situación de emergencia que vive México en materia de sobrepeso, obesidad y diabetes requiere el establecimiento de una Ley/Política que integre y de coherencia a las políticas públicas, que haga converger a las diversas secretarías a través de una política que se encamine a la producción, comercialización y acceso a alimentos saludables y que sea guiada por un grupo de instituciones y expertos en salud pública libres de conflicto de interés, retomando las mejores prácticas internacionales.

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