Puntos destacados:

· Grupos criminales han logrado hacerse con el control de gobiernos locales en México a través de financiamiento de campañas, posicionamiento de candidatos, violencia política e intimidación del voto.

· Al menos 23 candidatos en el proceso electoral de 2020-2021 cuentan con vínculos conocidos con el crimen organizado: 55% buscan una alcaldía, 23% una diputación federal o local y 22% una gubernatura.

· El control criminal supone un riesgo grave para la estabilidad democrática y la gobernanza del país. A la fecha, no existen estrategias integrales de las autoridades públicas para frenarlo.

El seminario virtual fue convocado por la Facultad de Derecho y la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Contó con la participación de los siguientes panelistas: María Elena Morera (presidenta de Causa en Común), Amalia Pulido (profesora investigadora del CIDE), Marisol Ochoa (profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana), Víctor Hernández (profesor investigador del CIDE), Juan Mario Solís (profesor investigador de la UASLP) y Marcelo Moriconi (profesor investigador del Instituto Universitario de Lisboa). Las meses de discusión fueron moderadas por Eduardo Guerrero (director general de Lantia Consultores) y Carlos Rubio (subdirector de riesgo político de Integralia Consultores). Los temas centrales que se discutieron fueron:

·Control de gobiernos locales: como resultado de procesos de descentralización y transición democrática que iniciaron en México en la década de los noventa, se abrieron oportunidades para que grupos criminales comenzaran a penetrar, influir y controlar estructuras gubernamentales, sobre todo a nivel municipal. Ese control se conoce como gobernanza criminal.

·Motivaciones de injerencia política: los grupos criminales buscan reducir la incertidumbre de la democracia mediante el financiamiento de campañas políticas, el apoyo a ciertos partidos y/o candidatos y la intimidación del voto, para garantizar que se mantengan esquemas de colusión que les permitan seguir ejerciendo el dominio sobre los mercados ilícitos que operan en un territorio. La gobernanza criminal permite a grupos criminales acceder a información privilegiada sobre estrategias de seguridad y grupos económicos; contar con la protección de policías locales; atacar a organizaciones rivales; acceder a recursos públicos, y lavar dinero de procedencia ilícita.

·Procesos electorales en riesgo: los periodos de campaña y renovación de figuras gubernamentales dejan a los actores políticos en una situación de particular vulnerabilidad, en que están más expuestos a recibir amenazas y/o ofertas de cooperación de parte de grupos criminales. Esta injerencia vulnera la estabilidad del proceso democrático, pues quita a la ciudadanía la posibilidad de elegir libremente a sus representantes, reduce los porcentajes de participación ciudadana en jornadas electorales y disminuye los porcentajes de aceptación de ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla.

· Violencia política: la expresión más evidente de estos esfuerzos de control son los incidentes de violencia política, en que funcionarios, políticos y candidatos a cargos de elección popular son amenazados, agredidos y/o asesinados por grupos criminales. En lo que va del actual proceso electoral, más de 143 actores políticos han sido asesinados, incluyendo al menos treinta aspirantes a cargos de elección popular. Los principales focos rojos de violencia política en este proceso electoral son Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Jalisco. Estos eventos ocurren con mayor frecuencia en municipios pequeños, de menos de 100,000 habitantes, que se encuentran lejos de grandes centros urbanos y que cuentan con poca presencia de agentes de seguridad pública y procuración de justicia.

· Esquemas de cooperación: en otros casos, los grupos criminales buscan posicionar a candidatos afines a sus intereses en cargos de elección popular y con ello asegurar redes de protección e injerir en los resultados electorales. Una revisión hemerográfica del actual proceso electoral permite señalar que hay al menos 23 candidatos con conexiones criminales compitiendo por algún cargo de elección popular: 55% buscan una alcaldía, 23% una diputación federal o local y 22% una gubernatura. Sin embargo, estos casos reciben menos atención mediática, por lo que es probable que las cifras reales de captura de procesos de selección de candidatos, sobre todo a nivel local, sean mucho más elevadas. Lo que es aún más preocupante es que estudios estadísticos han demostrado que candidatos con vínculos a grupos criminales tienen mayores probabilidades de triunfo.

· Riesgo para la democracia y la gobernabilidad: gobiernos cooptados por el crimen organizado son menos capaces de garantizar la seguridad pública de sus habitantes. Asimismo, son más propensos al desvío de recursos públicos y a la existencia de esquemas de corrupción, lo cual reduce sus capacidades de implementar políticas y programas capaces de reducir los niveles de desigualdad y pobreza de sus habitantes. Finalmente, tienden a tener un manejo más errático de las finanzas públicas.

· Falta de estrategias para atender problemática: hoy en día, las autoridades públicas no cuentan con una estrategia articulada para evitar la penetración del crimen organizado en estructuras de gobierno local en México. Se requiere llevar a cabo un análisis integral que permita comprender las causas de este fenómeno delictivo en cada comunidad y región afectada, para a partir de ello diseñar estrategias de prevención y atención focalizadas. Se debe invertir, además, en fortalecer las capacidades de investigación criminal de policías y fiscalías locales, para reducir los altísimos niveles de impunidad que imperan en torno a estos fenómenos delictivos.